Ciberseguridad y reformas incompletas

Por Luis Enrique Leyva

Vivimos cada vez más en lo digital, pero lo hacemos con las puertas abiertas. Nuestra

intimidad circula entre plataformas, formularios, redes y bancos, sin garantías claras

sobre quién la observa ni con qué propósito. En México, esta vulnerabilidad no es

casual: es síntoma de una arquitectura institucional que no ha sabido acompañar la

aceleración tecnológica con una defensa proporcional de los derechos.

El fraude digital crece. Las filtraciones de datos personales, también. Y sin embargo, la

conversación pública sigue atrapada entre tecnofobia y complacencia. Necesitamos

salir de ese binarismo. La seguridad digital no es un asunto técnico: es una política

pública que debe basarse en confianza.

Esa confianza exige al menos tres pilares: sistemas de ciberseguridad sólidos y

auditables en el sector público y privado; educación digital desde edades tempranas

que forme usuarios conscientes, no solo consumidores; y transparencia en el manejo

de los datos, con mecanismos claros de consentimiento, corrección y defensa.

Lamentablemente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sigue sin

ofrecer certezas suficientes. Persiste la ambigüedad sobre la retención de datos, los

mecanismos de vigilancia carecen de control judicial efectivo, y no hay una supervisión

real sobre el uso comercial o político de la información. Es una ley que parece diseñada

para el siglo XX, no para el presente.

Peor aún es lo que ocurre en algunas legislaciones locales. En Puebla, por ejemplo, se

han aprobado reformas que tipifican delitos cibernéticos con formulaciones vagas —

como “alterar el orden digital”— que podrían, sin mala intención, poner en riesgo la

libertad de expresión o el trabajo periodístico. Lo que empieza como intento de

prevención, puede terminar como instrumento de silenciamiento.

La solución no está en endurecer todo. Está en legislar mejor: con controles

constitucionales sobre tecnologías de vigilancia, órganos independientes que

supervisen el uso de datos, y un marco legal coherente entre derecho penal y digital.

Porque una sociedad sin cerraduras no es libre, sino indefensa. Y en un país donde la

violencia ha cercado lo físico, quizá ha llegado el momento de preguntarnos: ¿cuánto

más vamos a tolerar que nuestra vida digital quede expuesta… sin saber quién nos

está mirando